Ejecuciones Extrajudiciales

En Colombia, miembros del ejército colombiano asesinan civiles, generalmente campesinos o jóvenes de sectores populares, que luego uniforman de guerrilleros con el objetivo de mostrarlos como bajas en la denominada “lucha contra el terrorismo”. Esta estrategia conocida como “falsos positivos”, se reconoció oficialmente cuando 19 jóvenes desaparecidos en un barrio de Bogotá fueron encontrados en fosas comunes de zonas rurales apartadas a más de 500 kilómetros en septiembre de 2008. Sin embargo esta práctica no es reciente. Organizaciones como la plataforma de derechos humanos Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, han denunciado más de 1.400 de estos casos bajo la política de la seguridad democrática implementada desde el 2002. Los “falsos positivos” que se reconocen en el Derecho Internacional como EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES hacen parte de la realidad colombiana desde hace más de veinte años.

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Estigmatización, judicialización y ejecuciones extrajudiciales en el valle del río Cimitarra

por Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC)

La Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) es una organización regional que integra los propósitos de la comunidad a través de las juntas de acción comunal, cooperativas, comités pesqueros y otras agrupaciones de trabajadores del campo, en el marco de la defensa integral de los derechos humanos y la lucha por la tierra. Desarrolla su trabajo comunitario, político y social en unas 120 veredas, ubicadas en ocho municipios del Magdalena Medio: Barrancabermeja, Cantagallo, Remedios, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Segovia, Simití y Yondó.

Nació en 1996 durante las marchas campesinas a San Pablo y Barrancabermeja para exigir al gobierno inversión social y respeto por los derechos humanos, pero tiene sus antecedentes en 20 años de defensa del campesinado de la región y de sus derechos. En 1998, la ACVC participó del éxodo campesino a Barrancabermeja evento durante el cual diez mil campesinos, luego de tres meses de negociación, lograron que el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana asumiera varios compromisos: en el área de derechos humanos, conformar un bloque de búsqueda para capturar y judicializar a los autores materiales e intelectuales de los crímenes cometidos por paramilitares y agentes estatales; y en materia de inversión social, llevar a cabo la financiación estatal de un plan de desarrollo integral formulado desde las comunidades. Estos fueron los acuerdos incumplidos.

La ACVC ha ejecutado satisfactoriamente proyectos de desarrollo comunitario, seguridad y soberanía alimentaria y derechos humanos. Todos ellos han sido financiados y auspiciados por diferentes organismos como el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, el Laboratorio de Paz de la Unión Europea, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD- (entre otros proyectos de la ONU), la Consejería en Proyectos de Noruega, el Fondo Noruego de Derechos Humanos, la Cruz Roja Española y Misereor. Tales proyectos incluso han recibido el auspicio de entidades gubernamentales tales como el Banco Agrario, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE), la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena), los ministerios de Agricultura y del Interior, y las alcaldías de Remedios y Yondó (Antioquia), entre otros.

La defensa del territorio y del derecho a la tierra, liderada por la ACVC, se desarrolla en medio de un contexto de grave conflicto armado, de la aplicación de un modelo de desarrollo extractivo de los recursos naturales sin la participación ni beneficios para los pobladores de la región, modelo al que valerosamente se ha opuesto el campesinado a través de la ACVC a costo de un elevado número de víctimas. Durante sus once años de existencia la ACVC, así como sus líderes y los pobladores del valle del río Cimitarra han sido víctimas de amenazas, detenciones arbitrarias, desplazamientos forzados individuales y masivos que han desembocado en la realización de tres campamentos de refugio humanitario entre el 2007 y 2008; desapariciones, torturas, quema de viviendas, bloqueos alimentarios y sanitarios y ejecuciones extrajudiciales, una práctica persistente que ha cobrado la vida de 15 campesinos a manos del Ejército Nacional entre el 2004 y el 2008. Todo ello ha sido denunciado contundentemente por la Asociación hasta lograr fallos judiciales que demuestran la veracidad de sus denuncias.

Líderes de la asociación como Nelcy Cuesta, Orlando Triana Moncada, Diomedes Playonero y Carlos Ramírez han sido asesinados. Así mismo, Miguel Cifuentes y Andrés Gil miembros de la directiva, han sobrevivido a un atentado de paramilitares que dispararon en contra del primero y un intento de desaparición del segundo. A causa de esta sistemática persecución la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha decretado Medidas Cautelares a favor de la ACVC, solicitándole al gobierno colombiano que tome medidas para garantizar y proteger la vida de sus miembros.

La Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, una posibilidad de desarrollo, paz y acceso a la tierra para el campesinado del Magdalena Medio

Desde 1998 la ACVC promueve la creación de una Zona de Reserva Campesina (ZRC) en el Valle del Río Cimitarra, como parte de los acuerdos logrados con el gobierno en ese mismo año. La ZRC están reconocidas en la ley 160 de 1994, como un instrumento para regular los procesos de colonización, garantizar el acceso a los campesinos a la tierra, prevenir la concentración de la propiedad, proteger la economía campesina, la soberanía alimentaria y promover la aplicación de los derechos económicos sociales y culturales del campesinado.

La ACVC cumplió todos los procedimientos que exige la ley colombiana para que se declarara la ZRC, dentro de los que se destaca la construcción participativa de un Plan de Desarrollo de la ZRC, luego de lo cual, el 10 de diciembre de 2002, el antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), reemplazado por el actual Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), mediante resolución 028 de 2002, declaró la ZRC del Valle del Río Cimitarra. Inmediatamente, sectores políticos y económicos regionales, los cuales han establecido un estrecho vinculo con el paramilitarismo regional, promueven una comunicación a la junta del Incoder atacando la ZRC y a la ACVC como la organización campesina impulsora, señalándola de guerrillera. En abril de 2003, la ZRC fue suspendida. Desde entonces, en su labor de defensa de los derechos de los campesinos, la ACVC ha exigido el levantamiento de la suspensión de la ZRC ha implementado numerosos proyectos de desarrollo alternativo que aportan a darle vida.

En junio de 2007, a causa de una grave crisis humanitaria por violaciones a derechos humanos, centenares de campesinos del Valle del Río Cimitarra abandonaron sus parcelas y se declararon en refugio humanitario en la ciudad de Barrancabermeja. En este contexto el presidente Álvaro Uribe se reúne con la ACVC y se compromete a impulsar el proceso de levantamiento de la suspensión de la ZRC, aclarando que esto se puede realizar sólo si las Fuerzas Militares así lo consienten. Producto de este encuentro, el 5 de julio de 2007, se produce un acuerdo entre el gobierno nacional y la ACVC, en el que el primero adquiere compromisos en materia de garantías en derechos humanos, alternativas frente a los cultivos de uso ilícito, así como en lo referente a iniciar el proceso de levantamiento de la suspensión de la ZRC.

Persecución judicial contra la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra

El 29 de septiembre de 2007, a dos meses de firmado el acuerdo antes señalado, en medio de una asamblea campesina, fueron detenidos Andrés Gil, Oscar Duque, Mario Martínez y Evaristo Mena, dirigentes de la ACVC. EL apartamento de habitación y la oficina, ubicados en Barrancabermeja fueron allanados, computadores y documentos de la organización fueron incautados. El 19 de enero de 2008, fueron detenidos Miguel Ángel González Huepa y Ramiro Ortega Muñetón mientras participaban en una reunión de Juntas de Acción Comunal en la vereda Puerto Nuevo Ité del municipio de Yondó en el nordeste antioqueño.

Las detenciones se producen en el marco de un proceso por el delito de rebelión iniciado por la Fiscalía Seccional Tercera Delegada ante los Jueces del Circuito de Barrancabermeja, que posteriormente entrego la competencia para que la continuara la Unidad de Derechos Humanos del Fiscalía en la ciudad de Medellín. Están vinculados 11 de los 12 miembros de la anterior Junta de la ACVC y otros miembros el equipo de trabajo. Seis han sido privados de la libertad y sobre los restantes pesan órdenes de captura.

Este proceso judicial está basado en acusaciones de presuntos ex guerrilleros que se han acogido al programa de reinserción, quienes reciben beneficios jurídicos y económicos a cambio de sus declaraciones, y en informes de inteligencia militar que por sí solos no deberían constituir prueba; en éste material probatorio, se tilda a la ACVC de ser una organización creada por la guerrilla, que tiene por objeto beneficiarlos y desprestigiar las fuerzas armadas, por lo tanto, todos los proyectos que se gestionan se dirigen a las arcas de este grupo, además, señalan a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales que acompañan y apoyan a la ACVC, como aliadas de la guerrilla.

Frente a esta dinámica de persecución y fruto de un arduo trabajo jurídico y de una intensa campaña de denuncia y acompañamiento, el 23 de abril de 2008 fueron liberados tres de los seis líderes detenidos: Evaristo Mena, Oscar Duque y Mario Martinez. Más adelante, el 19 de mayo de ese mismo año es puesto en libertad Ramiro Ortega, con base en una decisión de la Fiscalía que precluyó la investigación, debido a la ausencia de unas pruebas y cuestionando la credibilidad de las versiones de los testigos en contra de los detenidos liberados. Sin embargo, a la vez que se cuestiona dicha credibilidad, la Fiscalía utiliza estas mismas versiones en contra de Miguel González Huepa y Andrés Gil, en un acto totalmente inexplicable e injustificado, con lo cual profiere acusación formal contra estos últimos y los lleva a juicio. Recientemente, el pasado 8 de junio de 2009, después de estar 17 meses en prisión, Miguel González Huepa, fue declarado inocente por la Juez Segunda Penal de Barrancabermeja, no obstante, el juicio en contra de Andrés Gil, aún continúa, por parte del Juzgado Primero Penal de Barrancabermeja.

Estigmatización y ejecuciones extrajudiciales en el Valle del Río Cimitarra

Como consecuencia de los señalamientos hechos a la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, como presunta organización que surge y apoya a la guerrilla, no solo se han iniciado proceso judiciales como se expuso previamente, sino que también, estas falsas imputaciones, han cobrado la vida de campesinos, pues durante el periodo 2002-2008, al menos, 16 personas de la región, fueron ejecutadas extrajudicialmente y presentadas como “guerrilleros dados de baja en combate”.

En algunos de los casos, al igual que en el proceso de judicialización, se recurre a presuntos ex guerrilleros en proceso de desmovilización, para que sirvan de informantes, pues se dedican a acompañar al Ejército Nacional en las zonas rurales y durante sus recorridos, señalan a campesinos como auxiliadores de la guerrilla, los cuales, son obligados a salir de sus casas y llevados a zonas deshabitadas para ser asesinados, y posteriormente, ser presentados como bajas en combate. Así sucedió, en el caso del Sr. Parmenio Manuel Hernández Anaya, el 28 de diciembre de 2007, en la vereda La Poza, municipio de Cantagallo, Sur de Bolívar, el cual, se encontraba en su casa, en horas de la madrugada, con su familia, y previo señalamiento de una persona que no hacía parte de la tropa, fue extraído de su hogar, días después, apareció muerto en la morgue de Barrancabermeja y fue presentado como guerrillero muerto en combate.

De otro lado, las ejecuciones extrajudiciales también han sido utilizadas como un mecanismo de persecución a las organizaciones campesinas, y han cobrado la vida de reconocidos dirigentes de la región, entre ellos, la de Miguel Ángel González Gutiérrez, miembro de la Corporación Acción Humanitaria por la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana), e hijo de Miguel González Huepa, líder de la ACVC, quien el 27 de enero de 2008, mientras hacía el trayecto desde su casa hasta el caserío denominado La Cooperativa, ubicado en la vereda Puerto Nuevo Ité, municipio de Yondó, departamento de Antioquia, fue interceptado por una patrulla militar del Batallón Calibío y asesinado, su muerte fue presentada como baja en combate. Al respecto, vale la pena señalar que días atrás, el 19 de enero, había sido visto por el Ejército Nacional en una reunión de la comunidad con su padre, pues fue en el marco de este encuentro comunal, que Miguel González Huepa fue apresado por miembros de la Fuerza Pública.

Así mismo, las ejecuciones extrajudiciales han segado la vida de jóvenes, conocidos por sus comunidades desde muy pequeños, con lo que se demuestra, claramente, su arraigo a la región y desacredita las falsas acusaciones del Ejército Nacional, un ejemplo de ello, es el caso de Carlos Mario García, de 21 años, quien el 25 de marzo de 2007, en zona rural del municipio de Remedios (Antioquia), mientras se encontraba trabajando, desplazando madera por el río Cimitarra, fue capturado junto con su compañero de labores por tropas del Batallón Calibío, adscritas a la 14 Brigada del Ejército Nacional. Afortunadamente, este último logró escapar, e informó a la comunidad de la aprehensión, seguidamente, los pobladores exigieron al Ejército la liberación de Carlos Mario y lo que recibieron fue el cuerpo sin vida del joven campesino, presentado como “guerrillero dado de baja en combate”.

De otro lado, dentro de los casos de ejecuciones extrajudiciales, también se han presentado una serie de irregularidades en relación con los protocolos establecidos para el levantamiento de los cuerpos y de evidencias físicas, que demuestran, una vez más, los montajes realizados por el Ejército Nacional; esto aconteció el 08 de julio de 2008, en el caso del Sr. Aicardo Antonio Ortiz Tobón, quien vivía en la vereda Puerto Matilde, municipio de Yondó, departamento de Antioquia, el cual se encontraba durmiendo, cuando arbitrariamente, ingresaron soldados del Ejército Nacional a su casa, disparándole y asesinándole, su cuerpo fue movido del espacio, en el que inicialmente cayó, y las muestras de sangre que allí quedaron fueron limpiadas por soldados de esta tropa.

Ante este panorama tan desalentador, no nos queda más que aportar una serie de recomendaciones, a fin de que este lamentable crimen, cese en nuestra región y en el resto del país.

– Al Gobierno Nacional: cambiar su política de intervención en el Magdalena Medio, que no debe ser militar sino social, así mismo, garantizar el ejercicio de los derechos a la organización y a la asociación, establecidos en la Constitución Nacional.

– A las Fuerzas Militares: el respeto por la vida de los campesinos y el cese de la estigmatización a nuestra organización, de igual manera, el cumplimiento de las normas del derecho internacional humanitario y los convenios de derechos humanos.

– A la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación: la reacción rápida e inmediata ante las denuncias hechas por los pobladores que se deben ver reflejadas en el curso rápido, efectivo y transparente de las investigaciones.

– A la Fiscalía General de la Nación: ante las limitaciones de actuación que existen en el nuevo proceso penal (Ley 960), debe generar canales efectivos con los apoderados de las víctimas, para acceder y contribuir en el desarrollo de las indagaciones y las investigaciones.

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