Licencias ambientales: crimen nacional

“Esto es un crimen contra un pueblo y una diversidad, máxime cuando estamos hablando de un proceso de paz. Nos parece que quieren acabar la guerra con unos e iniciar la guerra contra otros”: Erley Monroy

Caño Cristales. Foto Carolina Tejada.

Caño Cristales. Foto Carolina Tejada.

Carolina Tejada

Fernando Iregui Mejía, es el director de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. En su paso como asesor y luego como director de la ANLA, se crearon las denominadas “Licencias Exprés”.

Este proceso se ha venido expandiendo rápida y exponencialmente en el país. Varias han sido las demandas que desde las comunidades se han presentado, dado el grado de irregularidades que afectan las zonas protegidas, hídricas y amplios territorios, fundamentales para la supervivencia de las especies, entre otros.

Colombia el primer país del continente en conflictos ambientales

Para el periodo presidencial de Álvaro Uribe, la legislación para la explotación de recursos se hizo más flexible. Tanto particulares, como empresas pidieron títulos para 20 mil concesiones, cada título es funcional para la exploración y explotación de los recursos, y cubrirían 22 millones de hectáreas de los 114 millones que tiene el país. De estas peticiones se otorgaron 9mil títulos. Según las demandas en contra de esta licencias, no se respetaron los páramos, principales zonas de nacimientos y causes de agua, parques nacionales, territorios colectivos de indígenas, comunidades afros o Zonas de Reserva Campesina.

El modelo de desarrollo extractivo y la política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe, cuyo propósito entre otros, era generar confianza inversionista bajo la premisa de la neutralización de la insurgencia que actuaban en los territorios de alta concentración de recursos naturales, una legislación flexible y sin lugar a dudas las garantías del acompañamiento del Ejército Nacional, a las multinacionales para ingresar a las zonas de explotación, permitió que la inversión extranjera en minería, casi que se triplicara, y el país pasó a ocupar el primer lugar en el continente, en los estándares de explotación de recursos naturales.

La expansión de esta explotación generó, según una investigación acerca de los conflictos ambientales promovida por el Atlas Global de Justicia Ambiental, financiado por la Unión Europea, que Colombia pasara a registrarse como el segundo país en el mundo en padecer dichos conflictos por debajo de la India.

El revuelo de hoy, es la herencia de ayer

La empresa Hupecol es oriunda de los Estados Unidos, desde hace varios años y bajo lo permisiva de estas licencias, explota recursos nacionales. Recientemente fue comprada por GeoPark, bajo la idea de que representa amplios intereses económicos en el país. Hupecol tiene varios puntos de exploración y explotación de recursos en el Meta y la nueva licitación, hoy frenada, para el caso de la Macarena. La compra de Hupecol, según directivos de GeoPark, representa las principales plataformas de activos de bajo riesgo, con alto potencial exploratorio en Colombia.

La Macarena en el ojo de la Hupecol

Está claro que al actual director de la ANLA, Fernando Iregui Mejía, no le interesa revisar en su política de “Licencias Exprés” los efectos ambientales que esta empresa le ha generado a la región y que puede generar si dicha licencia se activa sobre La Macarena.

Solo por mencionar algunos casos, para el 2013 los habitantes de La Serranía en el Meta, interpusieron unas denuncias ante la Procuraduría por los daños que nuevamente estarían generando, producto de la explotación petrolera en la zona. La denuncia relaciona la afectación de más de 500 cuerpos de agua, producto de la intervención en más de 206.000 hectáreas de este territorio. Sin embargo, cuatro meses después, ANLA, le otorga licencia a esta misma empresa para generar nuevas exploraciones en 10 puntos del área rural de Puerto López, en el Meta, también sus habitantes se manifestaron señalando que ni la empresa, ni la licencia respetaban los requisitos ambientales. Para entonces la amenaza de esta licencia, se ubicaba sobre 206.184 hectáreas de ecosistemas. Según análisis de la zona, estaríamos hablando de un área donde cabrían 1.700 parques, similares al parque Simón Bolívar de Bogotá.

La oposición de la comunidad

VOZ dialogó con uno de los líderes de la región, Erley Monrroy, quien hace parte de la Asociación Campesina Ambiental del Lozada Guayabero, Ascalg y aseguró que: “Esto es un crimen contra un pueblo y una diversidad, máxime cuando estamos hablando de un procesos de paz. Nos parece que quieren acabar la guerra con unos e iniciar la guerra contra otros”.

Asegura que por 20 años han venido cuidando el territorio, que comprende la zona de Caño Cristales, un lugar conocido por el nacimiento de algas de colores, protegido al igual que el resto del territorio, como zona ambiental. Además de seis ríos que se verían intervenidos por la licencia: “El río Lozada, el Guayabero, río Perdido, Guauta y Chigüiro, todos nacen en esta zona que ellos llaman de la Serranía, y que son 34 mil hectáreas”. La fauna y la flora también se verían afectadas, asegura que: “Nosotros conservamos más del 40% de bosque nativo, y ellos necesitan romper estas zonas, para meter los tubos, abrir carreteras etc. Afectando directamente nuestro territorio”.

Allí también existe una Zona de Reserva Campesina, de hecho, como parte de las iniciativas de protección de estas áreas. Años atrás promovieron una audiencia pública donde más de seis mil habitantes rechazaron la injerencia de las petroleras. Hoy no comprenden como el director de la ANLA “entrega licencias por doquier sin respetar los territorios y a quienes vivimos en ellos. Cómo comunidad no vamos a dejar que esta arbitrariedad se siga dando”.

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