En libertad cinco campesinos de Vélez (Santander), víctimas de captura masiva

por: Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos

Exactamente una semana después de haber recobrado la libertad diez campesinos de Sabana de Torres (Santander), un nuevo fallo proferido por un juzgado del municipio de Vélez (Santander) absolvió del delito de rebelión a cinco campesinos de esta provincia y a una familiar de un preso político, quien residía en la ciudad de Bogotá, víctimas de captura masiva e indiscriminada efectuada por la Fiscalía General de la Nación y la policía judicial Sijín.

Jorge Helí Velasco Guiza, de 32 años de edad; Elubin Mosquera Vargas, de 28 años; Aura Delia Pardo Fontecha, de 47 años; Ricardo González Quiroga, de 43 años; Rubén Darío Ariza González, de 48 años; Héctor Silvano Téllez; y María Yolanda Cañón, de 43 años; estaban sometidos a medida de detención preventiva desde febrero de 2010. El 11 de septiembre de 2011, el Juzgado Primero Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Vélez ordenó su libertad inmediata por fallo absolutorio.

Estas personas, casi en su totalidad, han sido siempre reconocidos trabajadores del campo, varios de ellos dirigentes comunales y líderes sociales, como el caso de Rubén Darío Ariza González, quien ha laborado incluso en entidades oficiales del municipio de Bolívar (Santander), encaminando su labor hacia el favorecimiento de la colectividad. Después de un juicio en el que demostraron su inocencia, puede plantearse que su único “delito”, como el de muchos campesinos del país, es residir en zonas de presencia rebelde y emprender actividades en beneficio de sus comunidades.

No menos preocupante resulta el caso de la señora María Yolanda Cañón, quien fue capturada en la ciudad de Bogotá por el solo hecho de poseer parentesco civil con el confeso rebelde, hoy preso político Carlos Iván Peña Orjuela, cuya situación hemos denunciado ampliamente a la comunidad nacional e internacional, porque en la cárcel recibió amenazas directas por negarse a “colaborar” con las autoridades de policía judicial señalando falsamente a pobladores de la zona de operaciones de la organización guerrillera FARC. En oportunidad pretérita informamos que en este contexto es asesinado su hermano y capturada la señora Yolanda Cañón, cuñada de Carlos Iván Peña.

Las labores de policía judicial fueron nuevamente coordinadas por el patrullero de la Policía Nacional adscrito a la Sijín Juan Carlos Celis Torres, artífice de la mayoría de las capturas masivas perpetradas en el departamento de Santander. En el juicio la Fiscalía usó los testimonios de dos desertoras de las FARC: Zorany Mayerly Ortiz alias Yeimi y Shirley Dayana Lara Hoyos alias La Rola o Natalia, que ya han sido vencidas en su credibilidad en este y otros tantos procesos en los que han perdido la libertad 16 campesinos de la provincia de Vélez.

Después de siete meses de sometimiento a la “Justicia” estas personas podrán movilizarse en sus lugares de origen, pero no libres de la estigmatización que con mayor fuerza recaerá sobre sus vidas, generando un grave riesgo hacia ellos y sus familias. Las consecuencias de una detención arbitraria trascienden la órbita de la vida personal de quien se vio privado del derecho a la libertad y causa un profundo daño a la sociedad en general, en la medida que se trasmite un mensaje de inseguridad e injusta retaliación a la población civil, que sigue siendo victimizada a través de las capturas masivas.

Un estado social de derecho, como el que se predica en nuestro país, riñe con procesos judiciales en los que centenares de personas han sido puestas en prisión mientras desvirtúan la presunción de culpabilidad que se les impone en este tipo de actuaciones; riñe con la persecución indiscriminada a campesinos, líderes sociales, familiares de presos políticos, defensores de derechos humanos, etc., no con poca frecuencia estigmatizados y sometidos a un permanente estado de zozobra y mayor indefensión.

Por esta razón, urge un llamado a la Fiscalía General de la Nación y a quienes cumplen funciones de policía judicial para que ciñan sus actuaciones al respeto de las garantías judiciales y demás derechos constitucionales de los ciudadanos colombianos. Urge revisar, cesar y sancionar a quienes pretenden perpetuar las cuestionadas capturas masivas, que históricamente han sido montadas sobre el mismo formato a base de desertores y mentiras.

Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a no bajar la guardia frente a la grave problemática de las detenciones masivas y arbitrarias que continúa afrontando la población colombiana y en especial la población campesina. Sólo una estricta vigilancia y rechazo a la actuación irregular de la Fiscalía y la policía judicial, puede poner freno a esta cuestionada práctica que no ha cesado a pesar de contundentes pronunciamientos de organismos supranacionales y de organizaciones de derechos humanos del país y del exterior sobre el particular.

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