El ABC de la amnistía (I)

El proceso de implementación contiene instrumentos jurídicos de obligatorio cumplimiento para las partes

La ley de amnistía es parte del Acuerdo Final de La Habana y su implementación debe hacerse de forma rápida y puntual.

Redacción Política
Semanario Voz

La implementación de los acuerdos va más allá del proceso de dejación de armas de la insurgencia. La piedra angular del proceso de dejación de armas es la excarcelación de los guerrilleros farianos de las cárceles con la aplicación de la ley 1820 de 2016 denominada de amnistía. “Estamos ante una situación inédita. No existe ningún proceso de paz en el mundo en el que 45 días después de aprobarse la ley de amnistía, no haya sido aplicada por los tribunales”, afirmó en Medellín el jurista español Enrique Santiago.

Por esa razón, el semanario VOZ decidió, junto al Comité Permanente de Derechos Humanos, CPDH, exponer el ABC de la ley de amnistía, así:

¿Qué es el indulto?

El indulto es una figura legal que permite al Congreso (numeral 17, del artículo 150 de la Constitución Política) conceder un “perdón” a quienes hayan cometido unos delitos determinados; ese perdón se refiere exclusivamente a las sanciones o penas impuestas o las que se puedan imponer, pero no a la responsabilidad ni la investigación. En la presente ley contempla la concesión de indultos a quienes hayan sido condenados por delitos cometidos en el marco de disturbios públicos o el ejercicio de la protesta, siempre y cuando sean conexos con lo político conforme a los criterios de conexidad que la ley establece en su artículo 23.

¿Quiénes se pueden beneficiar de la amnistía o el indulto?

La Ley se aplica, de forma diferenciada e inescindible, a “todos quienes, habiendo participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado, hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado cometidas con anterioridad a la entrada en vigor del acuerdo final”.

En este sentido se pueden beneficiar de la amnistía o el indulto: 1. Miembros de un grupo armado en rebelión que haya firmado un acuerdo de paz con el Gobierno, incluidos en el listado que las FARC-EP entregarán al Gobierno. 2. Personas que hayan sido condenadas, procesadas o investigadas por pertenencia o colaboración con las FARC-EP, aunque la persona no se haya reconocido como parte de la organización. 3. Personas que hayan sido condenadas por delitos cometidos en el ejercicio de la protesta social.

Si no me aplican amnistía de iure, ¿no podré salir de prisión?

La amnistía de iure es uno de los procedimientos que la Ley contempla y que se puede aplicar de forma rápida y para las personas que están sindicadas o condenadas por delitos que claramente responden al ejercicio de la rebelión. La Ley contempla en su artículo 35 la posibilidad de concesión de libertad condicionada, que podrá aplicarse a los beneficiarios de la Ley que no puedan acogerse a la amnistía de iure, siempre que éstos firmen un Acta de Compromiso. Este beneficio se dará solamente para quienes hayan estado privados de libertad al menos cinco años.

En el caso de que la persona haya permanecido en prisión menos de cinco años, será trasladada a una Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN), una vez que las FARC-EP en proceso de dejación de armas se hayan concentrado en ellas, en donde permanecerán privadas de la libertad hasta la entrada en funcionamiento de la JEP, en que quedarán en libertad condicional a disposición de ésta.

¿Y si he sido acusado o condenado por pertenecer a las FARC-EP, pero yo no hago parte de esa organización y quiero que eso lo reconozca un tribunal, qué puedo hacer?

En este caso entonces, usted puede hacer lo siguiente. En lugar de acogerse a la amnistía de iure, usted podría solicitar la libertad condicionada ante la instancia correspondiente (art. 35), siempre que no esté acusado o condenado por delitos no amnistiables y haya estado privado de libertad más de cinco años; si no cumple estas dos condiciones, solamente podrá hacer el siguiente trámite. Cuando la JEP comience a funcionar, usted remitirá su caso a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, con la correspondiente documentación y argumentación sobre los hechos de los que está acusado o condenado

¿Qué son los tratamientos penales especiales diferenciados?

En el caso de agentes del Estado, no es posible otorgar amnistías o indultos, ya que, de acuerdo con la legislación interna colombiana, éstos solamente se refieren a delitos políticos que, por su propia definición no pueden ser cometidos por agentes del Estado. Sin embargo, en el proceso de paz, se vio la necesidad de conceder también tratamientos especiales a aquellos agentes del Estado que habían cometido determinadas conductas “por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”.

Los tratamientos penales especiales diferenciados pueden implicar la renuncia a la persecución penal (incluyendo responsabilidad y sanción penal) respecto a esos agentes del Estado. En ningún caso se aplicará cuando se trate de delitos graves (como el genocidio, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, los delitos comunes o aquellos cometidos contra la Fuerza Pública, de acuerdo al Código Penal Militar).

¿Qué es la renuncia a la persecución penal?

La renuncia a la persecución penal es un mecanismo de tratamiento penal especial diferenciado para agentes del Estado propio del sistema integral mediante el cual se extingue la acción penal, la responsabilidad penal y la sanción penal, necesario para la construcción de confianza y facilitar la terminación del conflicto armado interno, debiendo ser aplicado de manera preferente en el sistema penal colombiano, como contribución al logro de la paz estable y duradera (art. 46).

¿Qué órgano es el encargado de conceder la renuncia a la persecución penal?

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas será la encargada de decidir sobre los agentes del Estado que soliciten acogerse a tratamientos penales especiales, contemplados en la ley (art. 44).

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